E D I T O R I A L

Décadas atrás el significado justicia social se emparentaba con las demandas de participación popular, de manera de garantizar que todos los habitantes pudieran acceder a la vida política activa, incluyendo a la mujer, que hasta mediados de los ´40 estaba proscripta del sufragio. También se identificaba con las conquistas sociales para la clase trabajadora no siempre regida en sus relaciones laborales por criterios justos.

Después de muchos y dolorosos años de lucha y de trabajo, aquellas metas son una realidad incuestionable a la que debemos cuidar para que los avances científicos, tecnológicos y el desarrollo económico consecuente, que, simultáneamente, se producen en nuestra sociedad inmersa en un mundo globalizado, no acarreen un retroceso y un perjuicio para cualquiera de los habitantes del país.

Paradojalmente, ese crecimiento vertiginoso impulsado por el desarrollo científico y tecnológico que, evidentemente, no tiene techo ni reconoce barreras generará en la vida de los ciudadanos cambios permanentes en todos los órdenes de la vida. Y esta nueva realidad le plantea a la sociedad y, particularmente, al Estado, que los beneficios de esos progresos y los lenguajes para acceder a ellos puedan ser adquiridos por todos los argentinos, especialmente los más humildes, los más desprotegidos, los más necesitados. Y esto es posible sólo por la educación.

La antigua y siempre renovada aspiración de posibilitar el acceso universal a la educación está presente en la Constitución Nacional y en la Ley Federal de Educación y por eso durante la década que goberné fue para nosotros la prioridad estratégica de la gestión e impulsamos múltiples acciones para que fuera una realidad.

Quiero, al respecto, mencionar dos ejemplos que pueden ser considerados hitos en la historia educativa y que, al mismo tiempo, marcan el camino a seguir. Uno fue la extensión a todos los niños de cinco años de la obligatoriedad escolar, lo que permite eliminar de raíz las desigualdades en la formación. Hoy, gracias al esfuerzo conjunto de los gobiernos provinciales y nacional, podemos garantizar en cualquier paraje de nuestra Patria que el jardín de infantes ya no sea un privilegio de sectores, sino que es un derecho exigible y en ejercicio sobre todo por los más desprotegidos. En la misma línea se inscribe la extensión de la escolaridad hacia el 8vo. y 9no. año para completar 10 años de estudios básicos. Y para que esto fuera posible se han construido y equipado más de 10.000 aulas creando así las condiciones materiales para la escolarización.

Otro ejemplo es la provisión de más de 20 millones de libros a las escuelas donde concurren los hijos de las familias más humildes de nuestra sociedad. Cambiamos el concepto anterior de que no se necesitaban libros en la escuela, para no hacer incurrir en gastos a las familias. Nosotros desechamos ese criterio erróneo y fue el propio Estado el que invirtió más de 600 millones de pesos para que lleguen libros y otros equipamientos en la cantidad y de la calidad necesarias.

En síntesis: hemos trabajado mucho, sociedad y gobierno, para romper el círculo vicioso de la ignorancia que conduce a la pobreza y de ésta que realimenta a aquélla por parte de quienes están menos capacitados. Hemos implantado el círculo virtuoso y ascendente en términos de dignidad humana para acceder a la educación de calidad en las mejores condiciones materiales, empezando por la escuela.

Se trata de convertir al capital humano en el mejor recurso de nuestra Patria, es decir, hombres y mujeres, capaces, solidarios y dispuestos a trabajar para el progreso social desde lo mejor de sí.