E D I T O R I A L

Quisiera en esta carta que dirijo a ustedes, queridos docentes, reflexionar en torno a dos temas: la evaluación del impacto del Plan Social Educativo en las escuelas y en las comunidades, que es la nota de tapa de este número de Zona Educativa y la función del Consejo Federal de Cultura y Educación (CFCyE).

Uno, el primero, es un claro ejemplo de cómo cuando hay continuidad en las políticas se obtienen buenos resultados, mejores aun cuando, como en este caso, las escuelas, es decir, sus directivos, docentes y padres, se hacen cargo de responsabilidades que antes retenían, indebidamente, los organismos centrales. Después de siete ciclos lectivos podemos afirmar que el Plan Social Educativo está plenamente “instalado” en las escuelas y que sus frutos son apreciables por las comunidades que se han visto beneficiadas con él.

La referencia al CFCyE se relaciona con que ha sido y es el ámbito privilegiado de concertación de la política educativa. A lo largo de la gestión de gobierno que va desde diciembre de 1995 a diciembre de 1999, el Consejo Federal de Cultura y Educación estuvo integrado por 14 ministros de provincias gobernadas por el justicialismo, 6 por el radicalismo y 4 por partidos provinciales (desde julio de 1999 la composición cambió a partir de la asunción del gobierno justicialista en la provincia de Córdoba). Fue en ese contexto en el que se sentaron las bases y los principios orientadores para alcanzar los acuerdos tomando como marco legal lo establecido en la Ley Federal de Educación.

En materia educativa, nuestro país conservó por décadas, prácticamente, todo este siglo, una concepción unitaria. Recién en 1991 se resolvió por ley del Congreso transferir a las provincias la gestión y administración del sistema educativo que funcione en su territorio. Como éste era un tema del cual se venía hablando desde algunos años, siempre hubo defensores y detractores. Estos últimos argumentaban que las provincias no estaban en condiciones de hacerse cargo de todas las escuelas que funcionaban en su jurisdicción; que se produciría una atomización del sistema, lo que daría origen a 24 sistemas “divorciados” entre sí; que habría problemas en el pase de alumnos de una provincia a otra; que los docentes no se iban a preparar con un mismo nivel y tampoco podrían trasladarse a otra jurisdicción, etc.

¿Por qué no ocurrió lo que se auguraba? Porque la política educativa decidida por el Gobierno nacional fue la de impulsar, garantizar y fortalecer la diversidad sustentada en la variedad de regiones y provincias que conforman el país. El CFCyE fue la herramienta para llevar a cabo esa política, porque en él se manifiestan, en toda su riqueza, las distintas idiosincrasias provinciales y hay una construcción desde las bases del nuevo sistema educativo. Con el nuevo marco normativo, el Ministerio de la Nación, al no tener escuelas bajo su administración, ha podido conducir y financiar la transformación educativa, en tanto que los ministerios provinciales organizan y conducen los establecimientos y desarrollan los diseños curriculares sobre la base de los contenidos comunes consensuados y aprobados en el Consejo Federal.

Éste se erige, pues, en el reaseguro de la unidad del sistema y de respeto de la diversidad provincial; es el ámbito en el que todas las provincias hacen oír su voz, vuelcan sus aportes, intercambian opiniones y experiencias, etc.

En la base de la descentralización como política hay una actitud de respeto y confianza hacia aquellos en quienes se delega una responsabilidad que antes no ostentaban. La descentralización y la desconcentración del poder son la base de su democratización. Esto pasa en un sistema político como el federalismo, cuando es bien ejercido. Por el contrario, en los sistemas unitarios y centralistas, hay una desconfianza en la capacidad de gestión, de asunción de responsabilidades, de quienes se encuentran en estamentos o escalones inferiores. En estas formas de ejercer el poder, tras la apariencia de una supuesta eficiencia, se esconden, en realidad, los modelos autoritarios. Bien podemos afirmar, y de esto ustedes son testigos irreemplazables, que nada hace crecer más a las personas y a las instituciones que hacerse cargo de aquellas atribuciones que les son propias de la tarea que deben cumplir.

Por todo esto, debemos estar atentos ante los nuevos intentos de centralización, que con el pretexto de una educación más homogénea en sus resultados, en el fondo lo que se pretende es volver a un esquema de centralización donde las decisiones son tomadas por muy pocos y se aplican a todos por igual.