Zona Educativa: ¿Cuáles son las prioridades en esta última etapa de una gestión educativa que comenzó hace diez años?

Manuel García Solá: Consolidar una política de Estado que se inició en 1989 con la gestión del presidente Menem. Tenemos que generar las condiciones para que esta política se proyecte a las primeras décadas del siglo XXI, profundizando esta transformación que tiene dos presupuestos: la equidad en el acceso a los conocimientos de todos los niños y jóvenes, no importa donde vivan en el país, y la calidad de los conocimientos que las escuelas públicas de gestión estatal y de gestión privada estén en condiciones de impartir.

ZE: ¿Hay diferencias con la gestión anterior en este ministerio?

MGS: Ésta ha sido una tarea que ha tenido distintos ejecutores. Los cuatro ministros que tuvimos responsabilidades en etapas diferentes somos administradores de una sola política que el pueblo le encargó a quien eligió para que lo conduzca. Esto sucedió en 1989 y fue ratificado en 1995. Salonia, Rodríguez, Decibe y yo somos ejecutores de una misma política que, como digo, lideró el Presidente de la República durante la década del '90, y que tuvo distintas etapas pero una sola concepción estratégica.

En esta etapa hay que garantizar el funcionamiento del pacto ético básico que dio origen a este proceso de transformación: el pacto con las escuelas, con los docentes y con los niños.

ZE: ¿En qué consiste ese pacto?

MGS: En poder ofrecer un servicio educativo de calidad a las zonas más marginadas, a las zonas más rezagadas. En septiembre del '94 el presidente Menem firmó el Pacto Federal Educativo con los 23 gobernadores y el entonces intendente de la ciudad de Buenos Aires, y comprometió la inversión de tres mil millones de pesos. Luego de esa fecha, tuvimos dos crisis internacionales que afectaron seriamente la actividad económica en el país y, en consecuencia, la capacidad de recaudar impuestos. Vamos a terminar los cinco años de gestión posteriores a la firma de ese pacto con una inversión superior a los dos mil millones de pesos. De ellos, más del setenta por ciento se invirtió en las zonas más pobres. Esto obedeció a una decisión de hacer ese pacto con las escuelas, y de llegar cada vez con más recursos a los maestros y a las instituciones escolares de las zonas más rezagadas para que se empezaran a saldar las diferencias históricas que caracterizaron al sistema educativo argentino.

ZE: Hablaba de cuatro administradores y de cuatro etapas, ¿en qué se va a hacer hincapié en esta etapa?

MGS: Diría que ésta es una etapa en la que vamos a intentar dejar profundamente articuladas todas las estructuras del sistema educativo.

Profundizar la articulación entre las universidades y las provincias es una prioridad que les va a permitir potenciarse mutuamente.

Que todos los recursos técnicos del Ministerio de Cultura y Educación vayan en asistencia de las escuelas para la implementación de los nuevos contenidos, de manera que cambien las prácticas en el aula, para lo cual hay que mejorar el sistema de formación docente en servicio, con el que no estamos conformes.

Consolidar el sistema de evaluación como una herramienta para orientar la capacitación de los docentes, y guiar las políticas focalizadas que también la ley nos obliga a implementar, a través de políticas de compensación.

Y lo que es un gran desafío para mí: terminar de integrar en el Consejo Federal de Cultura y Educación a los dos consejos consultivos que la Ley Federal de Educación decidió que funcionaran como órganos consultivos de aquél, que son el Consejo Económico Social y el Consejo Técnico Pedagógico. Los representantes de los docentes en el Consejo Técnico Pedagógico van a poder incorporar su creatividad, sus conocimientos del sistema y sus vivencias a las resoluciones que vaya adoptando el Consejo Federal.

ZE: ¿En qué instancias está esto?

MGS: Lo he propuesto en la última asamblea del Consejo Federal. Estoy enviando las invitaciones a las organizaciones gremiales. El inciso “b” del artículo 58 de la ley dice que el Consejo Técnico Pedagógico estará integrado por dos especialistas designados por la entidad de profesionales de la educación más representativa, y el inciso “a”, que es el que define la integración del Consejo Económico Social, determina su composición por representantes de la Confederación General del Trabajo, del Consejo Interuniversitario Nacional y de las organizaciones gremiales representativas del sector de la producción y de los servicios.

Me parece que la integración de esos dos órganos, como consultivos del Consejo Federal le va a dar continuidad, porque va a ser la sociedad viva, la sociedad a través de sus representantes, quien será testigo de la continuidad de una política de Estado, sea quien fuere el gobierno que continúe nuestra gestión.

ZE: ¿Está garantizada la continuidad de esa política de Estado?

MGS: No tengo ninguna duda de que está garantizada la continuidad. Las políticas de Estado están impuestas más allá de la voluntad de los funcionarios, por la esencia, por la estructura de la política. Y ésta fue una política consensuada a través de acuerdos del Consejo Federal de Cultura y Educación, con un proceso de consulta inédito en la historia de la política educativa argentina que movilizó a todas las organizaciones sociales, académicas y políticas, y en consecuencia tiene una profunda legitimidad en la base y, obviamente, el respeto a la diversidad. Una política es de Estado no porque lo digan sus conductores, sino porque su contenido coincide con las necesidades de la sociedad.

ZE: ¿Cómo están implementando la transformación educativa las provincias?

MGS: La sabiduría del legislador fue precisamente bautizar esta ley como “federal”. Nuestro país tiene profundas diferencias económicas y de capacidad de gestión y también diferencias geográficas, históricas y sociales. En consecuencia, los tiempos y las estrategias de cada una de las provincias para llegar a metas comunes, deben respetar esas diferencias. La unidad nacional que garantiza la Ley Federal no tiene ni debe significar uniformidad. Eso le quitaría la diversidad, la riqueza al federalismo argentino que nos ha permitido convivir en una sola nación preservando todas nuestras particularidades. Desde esa perspectiva, estamos caminando bien hacia las metas previstas en el Pacto Federal Educativo que es, ni más ni menos, que un cronograma y un programa financiero para cumplir con ese cronograma. Argentina protagonizó un hecho inédito en la década del ´90, que es duplicar la inversión consolidada en educación. Teníamos una inversión de 6.120 millones de dólares y hoy estamos casi en 12 mil millones de dólares. Esto ha ocurrido entre el año ´92 y el ´98. En seis años duplicamos, con estabilidad económica, la inversión consolidada en educación, que es la inversión de todas las provincias más la inversión del Estado nacional. Esta duplicación de la inversión sirvió para saldar deudas de décadas de desinversión en el sistema educativo argentino.

ZE: ¿Qué mensaje les dejaría a los docentes?

MGS: Que tengan una profunda fe en este proceso de transformación, porque acá tenemos un pacto con las escuelas que es absolutamente irreversible.

La cantidad de maestros y profesores que se han incorporado a las 24 provincias para atender al millón de niños y jóvenes que se sumó entre el ´91 y el ´98, y que antes estaban fuera del sistema educativo, pone de manifiesto que ésta es una política que ha rescatado el rol del Estado de brindar un servicio público de calidad a través de las escuelas de gestión estatal, y unificar la política y privilegiar la oferta de educación de gestión privada para las comunidades que quieren preservar sus propios perfiles.

Y se pone de manifiesto en la última evaluación de la calidad: la brecha entre los resultados de los aprendizajes de séptimo grado en escuelas de gestión privada y de gestión estatal tiende a desaparecer.

Por eso yo digo que esta política que se inició en 1989 es un pacto con las escuelas, no importa quienes tengamos la responsabilidad transitoria de administrarla. Durante el gobierno del presidente Menem esta política se ha profundizado porque se reconstruyó el Estado y porque tuvo la adhesión de la mayoría de los docentes argentinos.

El aumento a los docentes

ZE: ¿Cómo va a influir la ley de incentivo docente en el salario de maestros y profesores?

MGS: La política salarial es atribución exclusiva y excluyente de los gobiernos provinciales. No hay ningún docente que dependa del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación; todos los docentes son empleados públicos de los estados provinciales. El fondo de incentivo docente genera una obligación al Estado nacional de recaudar un impuesto que se distribuye de una manera distinta a como se distribuyen los impuestos que recauda la Administración Federal de Ingresos Públicos. Este fondo de incentivo docente sólo se puede distribuir entre los docentes que cumplan las condiciones que los ministros de Educación de las provincias, reunidos en el Consejo Federal de Cultura y Educación, determinen con la participación de las cuatro organizaciones gremiales representativas de los profesionales de la educación: CTERA, UDA, SADOP y AMET. Además, el destino de los fondos a los salarios estará supervisado por una comisión bicameral de seguimiento.

Es la primera vez en muchísimas décadas en la Argentina que con estabilidad se les otorga un incentivo a los docentes. Espero que esta ley inicie un largo camino que permita la rejerarquización de la profesión docente. Que tengan acceso a salarios mejores, mucho mejores de los actuales, los docentes que lo merezcan. Ésta es una de las pocas profesiones en donde ganan lo mismo dos empleados que tengan una prestación de servicio totalmente distinta. Espero que en el futuro sirva como estímulo para una adecuación de la profesión docente que permita pagar más a quienes más trabajan, a quienes mejor desempeño tienen, porque éstos son recursos que la sociedad pone en manos del sistema educativo, y que el sistema educativo tiene que devolver a la sociedad con un servicio de alta calidad.