Ministerio de Cultura y Educación

Acorde con los cambios estructurales señalados, en la República Argentina se está llevando a cabo desde 1993 una transformación estructural de la educación. El marco normativo básico que permite llevar adelante estos cambios está constituido por tres leyes:

• Ley Nº 24.049, de Transferencia de servicios educativos a las provincias, de 1992; que establece la transferencia de los servicios educativos que aún dependían del Gobierno Nacional.

• Ley Nº 24.195, llamada Ley Federal de Educación, sancionada en 1993; que plantea los lineamientos básicos para la transformación de la educación de los niveles primario y secundario. Esta ley establece nuevos objetivos, una nueva estructura académica y la necesidad de nuevos contenidos para todos los niveles. Sienta también las normas para el gobierno descentralizado de la educación, asignando un papel de formulador de políticas, de contralor de la calidad de la educación y de compensador de diferencias al Estado Nacional; mientras que los servicios educativos dependen directamente de los gobiernos provinciales.

• Ley Nº 24.521, de Educación Superior, sancionada en 1995; que se ocupa del nivel terciario tanto en lo que hace a la universidad como a los estudios terciarios no universitarios, entre los cuales se encuentra la formación de los docentes.

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La República Argentina es un Estado Federal que contiene 24 jurisdicciones. Cada una de las jurisdicciones gobierna (decide políticamente y administra) todos los servicios sitos en su territorio, incluidos los servicios escolares. Se delega en el gobierno nacional la defensa y la representación en el exterior.

Durante los años '70 se habían transferido ya los servicios primarios a las provincias. La Ley de 1992 transfiere los de secundaria que aún estaban a nivel nacional y los terciarios. Esto representa el 20 % del total de servicios educativos oficiales. Por otro lado, por esta misma ley, la educación privada (30 % del total del servicio en el país) pasa a depender (y a recibir los aportes en todos los casos en que esto corresponde) de los gobiernos provincias.

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Este marco legal se completa con una clara decisión política que garantiza los recursos económicos necesarios para la transformación, expresada en el Pacto Federal Educativo firmado por el Presidente de la Nación, los Gobernadores de las Provincias y el Intendente de la Ciudad de Buenos Aires el 11 de setiembre de 1994, en cumplimiento del Art. 63 de la Ley Federal de Educación.

En virtud del mismo, el gobierno nacional invertirá U$S 3.000 millones entre 1995 y 1999. Las provincias se comprometen a financiar el 20 % de las inversiones que realizará la Nación, y a reinvertir en el sistema educativo los ahorros que obtengan por mejoras en la eficacia del gasto en el sector.

Los objetivos del financiamiento del Pacto Federal Educativo están específicamente acordados, y son:

• garantizar la capacitación de los 650.000 docentes del país acorde con la transformación educativa en curso;

• erradicar los establecimientos educativos precarios; expandir la matrícula como lo fija la Ley (100 % de escolarización entre 5 y 14 años);

• adecuar la capacidad edilicia y el equipamiento a la nueva estructura.

Entre 1993 y 1995 se han invertido U$S 560.483.089 para estos fines.

Este marco ha permitido el despegue de un proceso de profundas transformaciones en el campo de la educación, signado por una serie de ideas-fuerza que lo direccionan.