La recuperación de la democracia
en 1983 significó el inicio de una nueva etapa. A partir de 1989 se
inician cambios estructurales que introducen a la Argentina en un proceso
de transformaciones profundas, producto de su inserción creciente
en los grandes flujos culturales, sociales, económicos y políticos
de la sociedad internacional del fin de siglo.
Los cambios más importantes que se han dado en el universo nacional
se pueden sintetizar en los siguientes puntos: nueva
institucionalidad e inserción en la globalización.
La Constitución Argentina originalmente data en 1853. Es
un cuerpo legal que cumplió una finalidad en un momento determinado
de la historia. Los nuevos procesos requieren un marco normativo
específico. En estas condiciones, con fuerte consenso político,
en 1994 se sancionó un conjunto de reformas de la Constitución
de trascendental importancia tanto política cuanto institucional.
Esta reforma no sólo abarca la organización del poder, de las
autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales, sino también comprende
todos los niveles institucionales: Nación, provincias y municipios
y, fundamentalmente,incorpora nuevos derechos y garantías.
En forma paralela, en 1989 se inició la
construcción de nuevas instituciones económicas acorde con
un país integrado al mundo, con un Estado concentrado en sus funciones,
con empresas públicas sujetas a la competencia o a entes reguladores
profesionales, con creciente desregulación en los mercados de capitales,
de trabajo, de bienes y servicios. Cada vez más los contribuyentes
se deciden a aportar sus impuestos, los consumidores asumen un papel activo
y los empresarios se abocan con eficientes resultados a la búsqueda
de la productividad y del mejor posicionamiento en los mercados.
La clave de estos cambios reside en haber advetido el
agotamiento de un modelo económico anacrónico. A partir del
diagnóstico realizado en relación con las causas estructurales
del estancamiento y de la responsabilidad específica que le cupo a
las autoridades políticas y económicas, se instrumentó
un conjunto homogéneo de medidas que tratan de restituir al sector
público y a los mercados de bienes y servicios funciones específicas
para una eficiente asignación de los recursos y una mejor
distribución de los ingresos.
